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Responsabilidad médica: COVID-19 y vacuna

 

“Si este terror de tests positivos, confinamiento e histeria
no es la forma en la que queremos vivir,
tendremos que despertar lo antes posible
y comenzar a hacernos preguntas.”

Almudena Zaragoza

 

Si la situación actual pudiera ser superada algún día y, por consiguiente, fuera posible una vuelta a la “normalidad”, todo lo que está pasando en este 2020 sería estudiado en los libros de historia como un acto criminal que exigió unos nuevos tribunales de Núremberg, en los cuales se juzgó y se ajustició de manera ejemplar, no sólo a todo el estamento político y periodístico, sino también –y sobre todo– al médico, tanto por los que callaron de manera servil y colaboracionista, como por los que se manifestaron apoyando las medidas represivas y totalitarias de los distintos gobiernos nacionales contra su propio pueblo.

Para la formación de un tribunal de justicia semejante que castigara toda esta serie de crímenes contra la humanidad que se están perpetrando se requeriría una revolución, un despertar de gran parte de la población occidental que, seamos realistas, no se va a producir. Es tal el grado de efectividad de este gran trabajo de ingeniería social llevado a cabo desde marzo de 2020 que cualquier vuelta atrás es simple y llanamente imposible. El nivel de histeria, paranoia y locura insuflado en la población después de tres meses de un estricto confinamiento (único en toda la historia de la humanidad) y de una ininterrumpida propaganda transmitida y perpetuada por todos los medios de comunicación de masas generosamente subvencionados por el poder es imposible de revertir.

No se puede convencer a una persona que sale a la calle con una, dos o incluso tres mascarillas tapándose la cara casi hasta los ojos, con o sin guantes, pero sí con gel hidroalcohólico, que utiliza cada vez que toca un objeto o va en transporte público, que puede abandonar para siempre sus mascarillas, sus guantes y su gel hidroalcohólico. Simplemente no lo va a hacer. No puede. Tal es el miedo que tiene literalmente metido en el cuerpo que esta persona estará de forma irremediable hasta el final de sus días con mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico en las manos. No hay marcha atrás para esta persona[1].

Y es que la utilización que se ha hecho de un supuesto virus “nuevo para la ciencia” como es, según la narrativa oficial, el SARS-COV-2, pero que en realidad era conocido por los virólogos desde, como mínimo, 2006, va mucho más allá de lo imaginable. Toda la serie de medidas sociales tomadas con la excusa de la “pandemia” a nivel planetario no tienen parangón alguno con ningún régimen conocido en toda la historia universal, menos aún en cualquiera de las dictaduras que se haya vivido en el siglo XX.

El virus está sirviendo como excusa para arruinar la economía de los países mediante el empobrecimiento de la clase media (la gran conquista social del siglo XX), expulsando a una parte considerable de la población de sus puestos de trabajo y condenándola a la mendicidad del Estado a través de los denominados “ertes” o el “ingreso mínimo vital” (ya sólo el nombre es insultante). De esta manera, se ha establecido una nueva casta laboral: la de los trabajadores “esenciales” y/o los que pueden “teletrabajar”. Todo ello unido a la venta a precio de saldo gestionada por el Gobierno de las principales empresas españolas a inversores internacionales, algunos de ellos procedentes de países tan poco democráticos como China, Emiratos Árabes o Kuwait.

A la cuestión económica manejada por los políticos hay que unir la social fomentada por los medios de comunicación, cuya única finalidad parece consistir en dividir a la sociedad y separar a los individuos entre sí para hacerlos más moldeables por el Estado (divide et impera). No sólo se ha establecido ya socialmente la dicotomía “responsable” e “irresponsable”, que sirve para etiquetar el nivel de obediencia a los dictados del Gobierno, sino también ésta es utilizada para criminalizar a la poca resistencia que pueda haber frente a la versión oficial de una “pandemia” que ha dejado en España una cantidad de fallecidos menor a la del 2019.

Así conviene interpretar, por ejemplo, el “estudio” publicado por la American Medical Association, según el cual los jóvenes con ideas “republicanas”, a diferencia de los “demócratas” e “independientes”, son los más propensos a no respetar la “distancia social”, a reunirse en grupos de más de 10 personas y a ir a restaurantes, bares y clubes. De esta manera, los jóvenes republicanos son los culpables de que “se perpetúe la pandemia del COVID–19”. Y a pesar de que los autores del estudio reconocen que la muestra examinada por ellos es pequeña, ello no es óbice para concluir que, “no obstante estas limitaciones, nuestros hallazgos sugieren que los esfuerzos para promover la distancia física entre los jóvenes durante la pandemia de COVID–19 debería considerar el papel de la afiliación política”.

Mas si va a haber una piedra de toque en esta división de la sociedad que se va a fomentar con la excusa de la “pandemia”, ésta es sin duda la vacuna.

En torno a la vacuna hay varias cuestiones a tener en consideración. En primer lugar, es completamente erróneo hablar de la vacuna, puesto que, según la OMS, existe la friolera cifra de 233 proyectos de vacunas[2]: 172 en desarrollo preclínico y 61 en desarrollo clínico. Entre estas últimas habría que contar las tres que más suenan en los medios de comunicación: Pfizer–BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Dejando de lado si realmente se le puede llamar “vacuna” a lo que se está publicitando como tal, lo que habría que considerar es su seguridad.

Si nos centramos en la que ya se ha comercializado tanto en Norteamérica como en breve en Europa, esto es, la propuesta por Pfizer–BioNTech, observaremos que sobre su peligrosidad ofrece un temprano testimonio un documento publicado por la FDA norteamericana tras su “Autorización de Uso de Emergencia”. En él se reitera hasta dos veces en la primera página que “no es una vacuna aprobada por la FDA” y que es “decisión [del paciente] recibir la vacuna”. Asimismo, que “puede que la vacuna de Pfizer–BioNTech no proteja a todos contra el COVID–19” (pág. 1), pero que, sin embargo, “puede prevenir el COVID–19” (pág. 2), aunque no está segura de la duración de su supuesta protección (pág. 3). Tras recomendar su uso a mayores de 16 años, indicar toda una serie de características de las personas que no deberían ser vacunadas (pág. 2) y enumerar toda la serie de reacciones alérgicas y adversas que puede provocar, la farmacéutica sostiene que “puede que estos no sean todos los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el COVID–19 de Pfizer–BioNTech. Pueden ocurrir efectos secundarios serios e inesperados. La vacuna de Pfizer–BioNTech contra el COVID–19 aún está siendo estudiada en ensayos clínicos” (pág. 4).

Finalmente, la farmacéutica afirma que “la Autorización de Uso de Emergencia para la vacuna contra el COVID–19 de Pfizer–BioNTech está en vigor mientras dure la declaración de la Autorización de Uso de Emergencia para el COVID–19 que justifica el uso de emergencia de estos productos, a menos que se termine o se revoque (después de lo cual los productos ya no podrán utilizarse)” (pág.6).

La gama de efectos secundarios de las dos dosis hasta ahora oficiales (ya hay quienes están hablando incluso de una tercera en el 2022) de esta vacuna de Pfizer–BioNTech la ha establecido la propia farmacéutica por rangos de edades en otro documento, rezando éstos como sigue:

Grupo de 18 a 55 años

  1. 1.Reacciones locales a la inyección: enrojecimiento (5,9 %), hinchazón (6,3 %) y dolor (77,8 %).
  2. 2.Síntomas:

2.1.Fiebre (15,8 % tuvo menos o igual a 38 grados; 1,2 % más de 38.9)

2.2.Fatiga (59,4 %)

2.3.Dolor de cabeza (51,7 %)

2.4.Resfriado (35,1 %)

2.5.Vómitos (1,9 %)

2.6.Diarrea (10,4 %)

2.7.Dolor muscular (37,3 %)

2.8.Dolor en las articulaciones (21,9 %)

Un 45% de los voluntarios vacunados necesitó medicación para tratar estos efectos adversos, mientras que el 74,2 % sólo informó que padeció alguno de ellos.

Grupo de mayores de 56 años

  1. 1.Reacciones locales a la inyección: enrojecimiento (7,2 %), hinchazón (7,5 %) y dolor (66,1 %).
  2. 2.Síntomas:

2.1. Fiebre (10,9 % menor o igual a 38 grados; 0,3 % superior a 38.9)

2.2. Fatiga (50,5 %)

2.3. Dolor de cabeza (39 %)

2.4. Resfriado (22,7 %)

2.5. Vómitos (0,7 %)

2.6. Diarrea (8,3 %)

2.7. Dolor muscular (28,7 %)

2.8. Dolor en las articulaciones (18,9 %)

Un 37,7 % de los voluntarios vacunados necesitó medicación para tratar estos efectos adversos, mientras que el 64,5 % sólo informó que padeció alguno de ellos.

Los datos objetivos son estos y hablan por sí solos: la supuesta vacuna que supuestamente protege del coronavirus que supuestamente tiene una mortalidad más elevada entre la población de más de 85 años resulta que tiene toda una serie de efectos secundarios que se manifiestan de manera más grave en los menores de 56 años.

Por si lo relatado no fuera suficiente, en este mismo documento de Pfizer–BioNTech se afirma que no se ha considerado “relevante” investigar si esta vacuna puede producir cáncer (pág. 21), de la misma manera que no se ha estudiado por no ser “relevante” si una vacuna que contiene ARN-mensajero y que interactúa con el ADN puede ser genotóxico (pág. 21) o si puede afectar a la fertilidad (pág. 22).

A pesar de estos datos, el organismo regulador suizo de salud, Swissmedic, reticente en un primer momento a la aprobación de la vacuna de Pfizer–BioNTech, ha dado su beneplácito a la vacuna el 19 de diciembre, argumentando que “tras una meticulosa consideración de la información disponible, Swissmedic ha concluido que la vacuna COVID–19 de Pfizer–BioNTech es segura y que sus beneficios superan los riesgos”.

Por su lado, hace poco se anunció que la vacuna fabricada por Moderna había sido autorizada de emergencia por la FDA norteamericana (en Europa se prevé que reciba su aprobación el 8 de enero de 2021), la cual, en cuanto a riesgos, tampoco se quedaba atrás[3], mientras que la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha pedido su aprobación en el Reino Unido tras ser analizados los resultados de la fase III de sus ensayos “por expertos externos y publicados en la revista The Lancet”, en la que se demuestra que “es segura y eficaz para prevenir la COVID–19 sintomática y que protege contra la enfermedad grave y la hospitalización”.

Por lo que se refiere a España, la vacuna que se administrará a partir del 27 de diciembre será, como se ha señalado anteriormente, la de Pfizer–BioNTech. Para su aplicación se ha estipulado que “para ayudar a asegurar la trazabilidad de las vacunas para el registro de inmunización de los pacientes, así como de seguridad, los profesionales de la salud deben registrar la hora y la fecha de la administración, cantidad de la dosis administrada (si procede), lugar anatómico y vía de administración, la marca y el nombre genérico de la vacuna, el número de lote del producto y la fecha de caducidad”. Es decir, protocolo de actuación de Fase III de un ensayo clínico estándar con seres humanos como voluntarios, con la diferencia de que aquí no hay placebo.

Los riesgos y las complicaciones que la administración de una vacuna en fase todavía experimental y cuya validez científica no está garantizada están ahí a la luz pública y ya no se pueden ocultar (hasta tal punto es así, que ya se habla incluso de responsabilidad compartida entre las farmacéuticas y los Estados en lo que se refiere a posibles demandas). El peligro existe y los primeros a ser vacunados, según los planes expuestos por el Gobierno, serán los ancianos de las residencias y el personal sanitario[4], esto es, entre otros, los médicos. Y, si bien en teoría la vacunación no será obligatoria por ley, sí que se está acudiendo al chantaje a través de pasaportes de vacunación (Andalucía), multas (Galicia) o el ingreso de las personas que se nieguen a vacunarse en una nada disimulada lista negra de la que será dueña el Estado[5].

Ante esta cada vez más patente amenaza de vacunación, el colectivo de los médicos, que hasta el día de hoy o bien callaba o bien justificada y exigía más medidas represivas contra la población, ha empezado a elevar su voz.

De esta forma, son diversas las “críticas” que están cuestionando no sólo la seguridad de la vacuna, sino incluso su necesidad. Los ejemplos son varios. Cítese el paradigmático caso de César Carballo, quien, tras meses de asustar a la población con los peligros mortales del COVID–19, ante la pregunta de si él se vacunaría respondió que “no me gustaría ser el primero que se la ponga. No me gustaría ser el primero, seguramente habrá pasado todos los filtros, pero no es lo mismo poner a 20.000 que a 20 millones, vamos a esperar un poco. Si sale en enero, habrá que ver qué seguridad tiene”.

Si tan contagioso, peligroso y letal es el coronavirus y las farmacéuticas velan realmente por nuestra seguridad, ¿qué problema tienes ahora para vacunarte y protegerte de este mortal virus, Carballo? ¿O ahora ya no lo es tanto? Siempre es más seguro, para la salud y el bolsillo, aprovecharse del miedo inoculado en la población durante estos casi 9 meses de “pandemia” que ponerse una vacuna, refutando así posibles objeciones por parte de los “antivacunas” y de los “negacionistas”, ¿verdad?

Junto con Carballo habría que mencionar el caso de la viróloga Margarita del Val, quien de exigir medidas duras de “contención” del virus y de, por ende, atemorizar a la población con predicciones apocalípticas como que “el 80% de la población es todavía vulnerable a la infección” o que habría que identificar a la gente “que no conocemos, pero que han podido viajar con nosotros en el Metro”, ha pasado a criticar “ferozmente” las vacunas de Pfizer–BioNTech y de Moderna. En efecto, ahora resulta que, según la famosa viróloga, “esas vacunas solamente protegen de los casos leves y moderados”, no siendo, por consiguiente “un producto que necesite ninguna persona para arreglarle la vida, ni ninguna población, ni ningún país para arreglarle nada. No protegen de lo que nos interesa de verdad: los síntomas graves y la muerte”.

No obstante, lo curioso de las afirmaciones de la investigadora del CSIC estriba en el hecho de que reconoce claramente que el COVID–19 puede tener casos leves y moderados y casos graves, no explicando, sin embargo, en qué tipo de población estos casos se producen o cuáles son los cuadros médicos de esos pacientes afectados gravemente por este supuesto virus chino mortal.

Ello no es óbice para que siga sosteniendo que estas vacunas “no son las definitivas”, situando el inicio de la “vida normal” y del fin de las mascarillas cuando se posea “una vacuna 100% efectiva y se haya vacunado al 100% de la población de riesgo”, sin aclarar de nuevo, quién es esa “población de riesgo” y por qué los que no son “población de riesgo” deberían seguir estando sometidos a toda esta serie de restricciones autoritarias y de mascarillas.

Como colofón a su “crítica” a las vacunas propuestas, Del Val sostiene que “los números bailan porque tienen un número muy pequeño de voluntarios que han sufrido la infección natural”, siendo, por tanto, necesario que se expongan muchas más personas “y a lo largo de los meses tendremos más claro qué es lo que está ocurriendo”.

¿Significan estas palabras que ella se ofrecerá como voluntaria para esta vacuna? ¿Que se vacunará para ayudar a acabar con una enfermedad tan mortal como el COVID–19?

Si hemos de juzgar por sus declaraciones parece que no: “Veo las Navidades, veo cómo son las enfermedades respiratorias y todos sabemos cuáles son los peores momentos de la gripe, que es la enfermedad respiratoria más grave que teníamos hasta ahora. Son diciembre, enero y principios de febrero, porque son cuando más se contagia. Ahora tenemos una enfermedad más grave y casi ninguno tenemos inmunidad frente a este virus, por lo tanto, nos podemos contagiar muchas personas”.

Tanto Pfizer–BioNTech como Moderna sostienen que sus vacunas ofrecen inmunidad: ¿se la pondrá la Dra. Del Val para dar ejemplo a la población?

En la misma línea que Carballo y Del Val se hallan otros expertos, que ahora declaran que no entienden las prisas por querer vacunar, puesto que “adelantar la vacuna una semana no vale nada” (sic!). Con el fin de no tener que verse obligados por el Gobierno a vacunarse proclaman estos mismos expertos como “solución” el confinamiento de la sociedad: “hay que intentar mantener o afianzar las medidas de confinamiento porque, posiblemente, tengamos una tercera ola después de los reencuentros entre familiares estas navidades”.

No obstante, frente a estos conatos de “resistencia” por parte de algunos científicos y médicos que anteriormente no dudaban en defender y justificar las medidas más autoritarias posibles contra la población, siempre existe el investigador afecto y leal al régimen quien, en plena coherencia con sus manifestaciones anteriores, defiende el discurso oficial del Gobierno en torno a las vacunas. Así, nos hallamos con el caso del catedrático especialista en Inmunología Alfredo Corell, quien afirma en unas declaraciones recientes que habría que confinar de inmediato a la población española, de la misma forma que ya lo han realizado “países más obedientes (sic!) con gobiernos como en Alemania”. Asimismo, aboga por la vacunación obligatoria de toda la población:

Mientras convivamos con personas no vacunadas habrá que seguir con las medidas de distanciamiento e higiene. La vacuna da protección personal, pero no para los familiares, amigos, ni la sociedad hasta que dos tercios de la población no esté inmunizada, la de rebaño que se dice, para que la transmisión del virus sea muy poco probable. No diría fechas para que el 70% de la población esté protegida, ojalá sea en verano como alguno dice, pero me parece muy optimista.

Este “pesimismo” mostrado por Alfredo Corell se basa en el hecho de que, según él, “somos un país con muy mala educación para la salud”. De esta manera, no creyendo en que se pueda convencer a la población de que se vacune, sostiene que

cambiaría la legislación como acción disuasoria, como que, para acceder a determinadas actividades o sitios, haya que demostrar que se está inmunizado, por ejemplo, a un estadio de fútbol con miles entradas, o a un concierto, un museo, sitios que se sabe que pueden ser de riesgo. Como para coger el coche, que hay que tener el carné y nadie me obliga a sacármelo si no lo cojo. Serían situaciones de ese estilo, habría que estudiarlo. No se trata de imponer, pero sí de limitar.

La imposición por vez primera en toda la historia de la Medicina de la obligatoriedad de una vacunación generalizada no viene, por consiguiente, ordenada e impuesta por los políticos, como exigida y avalada por determinados médicos obedientes al régimen. ¿Desde cuándo se vacuna a toda una población contra un virus, cuya letalidad, según la propia OMS, ha mostrado ser la de una gripe estacional levemoderada? ¿Cuáles son los criterios científicos que avalan tales medidas a la vista completamente desproporcionadas? Y, lo más importante: ¿se pondrá el día 27 de diciembre de 2020 Alfredo Corell la vacuna públicamente para dar ejemplo y educar así al ignorante pueblo español en cuestiones de salud?

Mucho nos tememos que ni Alfredo Corell en España, ni el fraude académico Christian Drosten en Alemania[6], ni muchos otros defensores de las medidas más autoritarias de represión a la población bajo la excusa de un letal virus o de una cepa que curiosamente aparece en el Reino Unido una semana después de haberse iniciado allí las vacunaciones darán este paso.

No obstante, esperamos de todo corazón equivocarnos en nuestras predicciones y ser testigos de cómo no sólo se vacunan todos de manera obediente y modélica el domingo día 27 de diciembre, sino también se pondrán entusiasmados la segunda y, cuando toque, la tercera dosis reglamentaria[7]. Nada sería más pedagógico, pues, como dice el sabio refranero español, no hay mejor predicador que Fray Ejemplo.

D.V.



[1] Testimonio de este nivel de locura lo ofrece la serie de entrevistas realizadas en Madrid en diciembre de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=wfkycbons1U&;t=3s

[2] Los daños más que probables que pueden provocar estas vacunas que se quieren inocular a la población los expone con claridad meridiana la bióloga Almudena Zaragoza tanto en un artículo (https://aliadosdelvirus.blogspot.com/2020/12/la-vacuna-milagrosa-no-nos-librara-de.html) como en una entrevista (https://www.youtube.com/watch?v=Z2ENyQ9_fww&;feature=youtu.be).

[3] Puesto que la que se va a aplicar en un primer momento en España es la de Pfizer–BioNTech, no nos detenemos en sus efectos secundarios de manera extensa. Sólo señalaremos cómo en su Hoja Informativa se dice (además de reiterar todo lo anteriormente indicado por Pfizer–BioNTech) que “la vacuna contra el COVID–19 de Moderna es una vacuna no aprobada. En ensayos clínicos, aproximadamente 15.400 personas de 18 años en adelante han recibido al menos 1 dosis de la vacuna contra el COVID–19 de Moderna” (pág. 3). Como también se dice en este documento, “recibir o no la vacuna contra el COVID–19 de Moderna es decisión suya” (pág. 4).

[4] Y, no obstante, la maquinaria propagandística de negación de los hechos está en pleno funcionamiento durante estos días. De esta manera, se citan las declaraciones de un enfermero español que trabaja en el Reino Unido, quien habría criticado a aquellos que, “citando supuestos estudios científicos, sesgando datos o simplemente usando un lenguaje en apariencia técnico y científico aprovechan para sembrar la duda sobre un producto científico de probado valor social y seguro que nos ha permitido obtener unos avances en salud y calidad de vida incalculables”. Suponemos que se refiere a los autores de los informes de Pfizer–BioNTech, quienes explican todos los efectos secundarios conocidos, sostienen que además pueden haber otros “serios e inesperados” que ellos desconocen, que su vacuna no está “aprobada”, que puede ser “retirada” en cualquier momento por inadecuada y afirman que no han investigado por no ser “relevantes” si sus vacunas producen cáncer o infertilidad.

[5] Aun así, el catalán del PSC que juega a ser Ministro de Sanidad en el Reino de España asegura que lo hace “por garantías”, para saber a quiénes se les ha ofrecido la vacuna y la han rechazado.

[6] En español existe un muy buen resumen del fraude científico perpetuado por Christian Drosten a la hora de justificar el uso de las denominadas PCR para la detección del COVID-19 en https://aliadosdelvirus.blogspot.com/2020/12/la-revision-por-pares-externos-de-la.html

[7] En este sentido, esperamos con impaciencia ver a Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, poniéndose entusiasmado ante las cámaras la primera dosis, tras sus siguientes declaraciones: “Los profesionales sanitarios deberíamos ser los primeros en administrarnos la vacuna para proteger todavía más la salud de nuestros pacientes. Es importante que la población sepa que esta vacuna ha pasado todas las fases necesarias para hacerla segura y si el porcentaje de vacunación entre nosotros no es adecuado, no seríamos un buen ejemplo”. Asimismo, a la directora general de Salud Pública, a los representantes de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, así como a todos los miembros de las sociedades científicas federadas de FACME, además de su presidente, Pilar Garrido, quienes se han ofrecido altruísticamente a colaborar en la campaña de vacunación.